IU Pozuelo insta al PP a trabajar por la función social de la vivienda

En España, casi 300.000 familias viven afectadas por los desahucios debido a una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas, no sólo pierdan sus viviendas, sino que sigan endeudados casi de por vida, propiciando así la exclusión social y económica de una parte de la sociedad. Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), trabajan desde hace años en esta misma línea amparados, además, en los artículos 47 y 33 de nuestra Constitución, garantes del acceso a una vivienda digna y de la existencia de una función social en la vivienda.

En España, casi 300.000 familias viven afectadas por los desahucios debido a una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas, no sólo pierdan sus viviendas, sino que sigan endeudados casi de por vida, propiciando así la exclusión social y económica de una parte de la sociedad.

Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), trabajan desde hace años en esta misma línea amparados, además, en los artículos 47 y 33 de nuestra Constitución, garantes del acceso a una vivienda digna y de la existencia de una función social en la vivienda.

En este sentido, la concejala de IU-LV del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Maite Pina, ha destacado –durante el pleno del 25 de abril- la necesidad de extender las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía a través de un plan específico de la Consejería de Fomento y Vivienda. De esta manera, Pina ha instado a que la Comunidad de Madrid legisle en línea con Andalucía para buscar soluciones a una realidad que nos preocupa a todos.

La moción finalmente ha sido rechazada por los votos en contra del Partido Popular y el Grupo de UPyD.

Por otra parte el portavoz adjunto, Félix Alba, aseguró durante el debate de la moción presentada por la concejal de IU, que con esta propuesta no se quiere resolver un problema sino hacer propaganda de una medida de la Junta de Andalucía que suscita muchas dudas jurídicas y que puede producir consecuencias graves e indeseadas. “No entra dentro de las competencias de una Comunidad Autónoma regular el derecho de propiedad; no se puede recurrir a un decreto ley para vestir una norma que regula el derecho a la propiedad y, además, el decreto Ley podría atentar contra la Ley de protección de datos y podría colisionar con la Ley de expropiación forzosa”, aseguró Alba. Por otro lado, el portavoz adjunto señaló que este decreto-ley aporta muy poco en relación con el Real Decreto aprobado por el Gobierno de la Nación a finales del año pasado, por el que se establece la paralización inmediata durante dos años de los alzamientos contra familias en situación de especial vulnerabilidad social y que dará solución a 120.000 familias con serias dificultades para pagar sus casas