El PP responsabiliza a los Grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda de los negocios con la trama Gürtel

La representación del PP en el caso Gurtel ha solicitado la completa anulación del proceso, basándose en la ilegalidad de las grabaciones que dieron inicio a las investigaciones. Igualmente, el ex fiscal ha solicitado que se aparte al PP nacional de la causa, ya que han de ser los grupos municipales del PP en Majadahonda y Pozuelo los que respondan por los presuntos delitos.

La representación del PP en el caso Gurtel ha solicitado la completa anulación del proceso, basándose en la ilegalidad de las grabaciones que dieron inicio a las investigaciones, realizadas por el ex concejal majariego José Luis Peñas, y la nulidad de las escuchas telefónicas ordenadas por Garzón en la primera etapa de la instrucción.

Así lo ha manifestado el abogado de los populares, Jesús Santos, en las cuestiones previas del juicio que trata de esclarecer las responsabilidades del entramado corrupto correspondiente a la etapa 1999-2005, en el que se juzga, entre otros, al PP como partícipe a título lucrativo.

Igualmente, el ex fiscal ha solicitado que se aparte al PP nacional de la causa entendiendo que no ha tenido "participación alguna" en los delitos imputados. En todo caso, ha reclamado Santos, han de ser los grupos municipales del PP en Majadahonda y Pozuelo los que respondan por los presuntos beneficios que pudieran haber obtenido de la trama.

Recalca el letrado, que a día de hoy la acusación es "inexacta, imprecisa e inconcreta" y sigue sin conocer "ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni dónde" se benefició el PP de la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con empresas la trama. La Fiscalía reclama al PP 245.492 euros por los delitos cometidos en estos consistorios.

Entre la amplia lista de acusados figura el que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, apodado 'el Rata', que se enfrenta a más de 50 años de prisión. Se juzga también en esta etapa al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, para el que se solicita 15 años de cárcel, y a su exmujer y exministra Ana Mato, acusada de participar del delito a título lucrativo por los viajes familiares y fiestas disfrutadas.