El Ayuntamiento destruye los productos peligrosos requisados tanto en el municipio como en el resto de la Comunidad

La Comunidad de Madrid lidera la detección de productos inseguros a nivel nacional, después de que el pasado año alertara sobre 191 productos que incumplían la normativa sobre seguridad y que, por lo tanto, fueron retirados del mercado. Esto supone que 2 de cada 10 alertas emitidas en toda España, fueron realizadas por la Comunidad de Madrid.

La Comunidad encabeza la detección de productos peligrosos para el consumidor a nivel nacional. El Gobierno Regional alertó el pasado año sobre 191 productos que incumplían la normativa sobre seguridad.
En Pozuelo de Alarcón se incautaron más de 1000 artículos, en el último año, a través de las distintas campañas de inspección de consumo realizadas.

La Comunidad de Madrid lidera la detección de productos inseguros a nivel nacional, después de que el pasado año alertara sobre 191 productos que incumplían la normativa sobre seguridad y que, por lo tanto, fueron retirados del mercado. Esto supone que 2 de cada 10 alertas emitidas en toda España, fueron realizadas por la Comunidad de Madrid.

Así lo destacó la directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, quien ha asistido, junto al alcalde de Pozuelo de Alarcón, Gonzalo Aguado, acompañado por los concejales de Sanidad y Consumo, Félix Alba, y de Medio Ambiente, Mónica García Molina, a los trabajos de reciclaje de estos materiales en el Punto Limpio municipal, siguiendo con la práctica habitual de gestión diferenciada y reciclaje de los residuos. Martínez de Sola destacó que Madrid “es la región española más activa en materia de Consumo y una de las más reconocidas de toda la Unión Europea”.

La detección de productos con riesgo tiene su origen en las inspecciones que efectúa la Administración, y en las comunicaciones que realizan los productores y distribuidores, que están obligados, por ley, a notificar a Consumo los fallos que detectan en sus artículos y subsanarlos. En algunas ocasiones, las alertas también se generan a partir de las denuncias de los propios consumidores.

En el caso de Pozuelo de Alarcón, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, perteneciente a la concejalía de Sanidad y Consumo, recibe las notificaciones de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid a través de la red de alerta de la propia Comunidad o de otras Comunidades Autónomas. Así, el alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado ha señalado que “al realizar las inspecciones correspondientes se incauta cualquier artículo cuyo uso pueda perjudicar la salud o seguridad de los consumidores, en particular de los niños y las personas mayores. De este modo, se procede a una inspección por parte de los técnicos municipales, se inmoviliza de manera cautelar, y si fuera necesario se acuerda su destrucción, siempre con la colaboración de la Policía Municipal”. La destrucción se lleva a cabo en el Punto Limpio del Ayuntamiento.

Durante los últimos meses, la concejalía de Sanidad, en colaboración con Policía Municipal, ha incautado más de 1000 juguetes, ubicados en distintos establecimientos-- tipo bazar-- del municipio. Al no poder comprobarse, por parte de los vendedores, la procedencia y demostrarse el incumplimiento de la normativa sobre la seguridad, se procedió a la retirada de los productos. En otra campaña de inspección realizada por el Ayuntamiento se retiraron de la venta un total de 2.352 artículos y 1.810 bengalas de una decena de establecimientos del municipio por incumplir las condiciones de comercialización de los productos. Entre los efectos retirados de la venta, destacan juguetes, artículos de regalo, juegos de iluminación, pequeños electrodomésticos, así como artículos pirotécnicos “bengalas”, al ser preceptiva en este último caso la autorización de la Delegación de Gobierno para su venta.

Por último, la Oficina de Atención al Ciudadano de Pozuelo de Alarcón informa, tanto físicamente, por teléfono, como a través de la web municipal, sobre la existencia de un producto inseguro, así como se recomienda a los ciudadanos que informen a las autoridades competentes sobre aquellos productos que puedan considerar especialmente peligrosos.