El alcalde de Las Rozas recurre la fianza de 9,2 millones: "Siempre he actuado correctamente"

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio ha emitido un comunicado en el que defiende su inocencia en relación a su imputación por prevaricación por el juzgado de Collado Villalba. 
El alcalde ha aprovechado su cuenta oficial de Facebook para comunicar que ha recurrido la fianza de 9,2 millones de euros impuesta por la juez, una medida que califica de "descabellada, por cuanto no ha habido ni perjuicio económico ni enriquecimiento de ninguna de las partes". En su escrito, el alcalde asegura que "se actuó correctamente, salvaguardando los intereses y el patrimonio de la localidad y de sus habitantes, como siempre he actuado en cuantas responsabilidades públicas he tenido y tengo, y no me cabe duda de que así quedará demostrado".

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio ha emitido un comunicado en el que defiende su inocencia en relación a su imputación por prevaricación por el juzgado de Collado Villalba.

El alcalde ha aprovechado su cuenta oficial de Facebook para comunicar que ha recurrido la fianza de 9,2 millones de euros impuesta por la juez, una medida que califica de "descabellada, por cuanto no ha habido ni perjuicio económico ni enriquecimiento de ninguna de las partes". En su escrito, el alcalde asegura que "se actuó correctamente, salvaguardando los intereses y el patrimonio de la localidad y de sus habitantes, como siempre he actuado en cuantas responsabilidades públicas he tenido y tengo, y no me cabe duda de que así quedará demostrado".

A continuación se reproduce íntegramente el contenido del comunicado:

Ante las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación sobre un procedimiento judicial relacionado con mi etapa al frente del Ayuntamiento de Guadarrama, me gustaría hacer las siguientes puntualizaciones:

1. Se trata de un tema puramente administrativo relacionado con un contrato de permuta de parcelas, que nada tiene que ver con mi gestión al frente del Ayuntamiento de Las Rozas.

2. En 2006, la Sociedad Municipal de la Vivienda de Guadarrama, que yo presidía en calidad de alcalde del municipio, firmó un contrato de permuta de parcelas con el Grupo Canta, dedicado a la venta de materiales de construcción. El contrato establecía una serie de obligaciones para ambas partes, todas ellas supeditadas a una cláusula suspensiva aceptada libremente por los firmantes y que, como su nombre indica, caso de no cumplirse anulaba el mencionado contrato: la aprobación del Plan General de Urbanismo de Guadarrama por parte de la Comunidad de Madrid. En 2009, y en vista de que el Plan General todavía no se había aprobado –a día de hoy aún no lo está- mi sucesora en el Consistorio decidió invocar esa cláusula y anular el contrato, una anulación que no supuso ningún perjuicio económico para ninguna de las partes por cuanto lo previsto en el contrato nunca se llevó a efecto. Ante esta decisión, el Grupo Canta decidió acudir a los tribunales para reclamar una compensación económica. Y los tribunales, por dos veces (el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid en 2011 y el Juzgado de Instrucción número 1 de collado Villalba en 2013), han rechazado sus pretensiones económicas y petición de responsabilidades al no ver ningún tipo de prevaricación ni irregularidad en el contrato.

3. Éste es, por tanto, el tercer intento de los denunciantes de conseguir en los tribunales una cantidad económica que los juzgados ya han determinado que no les corresponde. Un intento que esta vez han dirigido contra mí, alegando una serie de presuntas irregularidades en el contrato que se firmó en 2006. Sin embargo, este contrato está perfectamente ajustado a derecho y fue aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Municipal de la Vivienda de Guadarrama sin que el Interventor municipal formulara ningún reparo al mismo.

4. Finalmente, señalar que he recurrido la fianza de 9,2 millones que ha impuesto la juez para cubrir la posible indemnización que piden los denunciantes. Entiendo que se trata de una medida descabellada, por cuanto no ha habido ni perjuicio económico ni enriquecimiento de ninguna de las partes. En resumen, estoy plenamente convencido de que se actuó correctamente, salvaguardando los intereses y el patrimonio de la localidad y de sus habitantes, como siempre he actuado en cuantas responsabilidades públicas he tenido y tengo, y no me cabe duda de que así quedará demostrado".